Categoría: Administraciones

Desde la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad, julio de 2015, una de las cuestiones que más controversia ha generado ha sido, sin duda alguna, la inclusión o no inclusión de las deudas de derecho público (AEAT, TGSS, Ayuntamientos, etc.), en la eventual exoneración del pasivo insatisfecho, esto es, en la total deuda que no se pueda saldar una vez concluido el concurso de acreedores consecutivo del deudor. La literalidad de la norma era, y es, clara: los créditos de derecho público no quedan afectos por al Acuerdo Extrajudicial de Pagos y no cabe la exoneración de dichas deudas en el trámite de solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). Así las cosas, la literalidad de la norma hacía que el mecanismo de Segunda Oportunidad quedase reducido a deudores sin crédito